Concursos exprés y sorpresas

Esta resolución pone de manifiesto que el concurso exprés no es una patente de corso para los gestores de las compañías. El fallo, al que ha podido acceder CincoDías , declara la responsabilidad de los administradores societarios y considera probado que, una vez concluido el concurso, no realizaron ninguna operación de liquidación de activos para el pago a acreedores a pesar de que la sociedad había presentado bienes por valor de 24 millones de euros.

En su sentencia, el juez estima íntegramente esta petición de responsabilidad objetiva y condena por ello a más de un millón de euros a los administradores de la sociedad demandada, además de imponerles las costas.

Se trata de una responsabilidad que condena de manera directa y solidaria a los administradores al pago de las deudas contraídas por la sociedad por el mero hecho de haber incumplido la obligación de convocar junta de socios en el plazo de dos meses desde que detectaron que había motivos para disolver la compañía.

La junta debió convocarse para acordar la desaparición de la empresa o para eliminar las causas que le abocaban a su disolución.

No hay que demostrar ninguna relación de causalidad entre el incumplimiento de los administradores societarios y el daño causado a los acreedores.

En el caso resuelto, el juez considera que, si los administradores sociales de la compañía concursada no llevan a cabo actuaciones liquidativas ordenadas, deben responder por la acción individual de responsabilidad. Y es que la reforma legal que acaba de cumplir un año permite que estos procedimientos se tramiten sin la intervención de administradores concursales que auxilien al juzgado si ningún acreedor lo solicita.

En estos casos, además, el juez debe dictar un auto de conclusión del concurso que no puede ser recurrido. En colaboración con La Ley. Nuria Meler. Estas y otras cuestiones son analizadas por nuestros expertos en los comentarios que siguen.

La intervención del administrador concursal también resulta problemática. El objeto de su informe se limita a los tres aspectos que contempla el artículo 37 ter, lo que pone en cuestión la posible aplicación de todo el conjunto normativo que regula su estatuto orgánico, desde su nombramiento hasta la determinación de su retribución.

Todo ello resulta enigmático: ¿cómo ha de procederse al nombramiento? La limitación de la función encomendada inclina hacia una respuesta negativa a casi todas estas preguntas, pero expresamente hemos pedido opinión a nuestros expertos sobre la cuestión relativa a la determinación, pago, y tratamiento de la retribución, que constituyen sin duda aspectos nucleares para la efectividad práctica de la nueva normativa.

En esta materia, la ley se limita a prever que, si se solicita el nombramiento del administrador por acreedor legitimado, se dictará un nuevo auto en el que se procederá a designar administrador para que en el plazo de un mes se emita el informe, fijándose su retribución, que habrá de costear el acreedor solicitante.

Nada se dice sobre la forma de su determinación, sobre el momento del pago, o sobre la posibilidad de recuperar, a lo largo del concurso, el importe anticipado.

Quizás sea esta cuestión donde existe mayor riesgo de inseguridad en la respuesta judicial, ante la evidencia de que ninguna solución aparece como incuestionable. Como hemos anticipado, se olvida el legislador de regular la situación surgida cuando el informe del administrador no aprecie indicio alguno, o aún antes, se omite contemplar la situación producida si ningún acreedor efectúa solicitud alguna, más allá de la previsión de que, si se trata de una persona física, ésta podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho.

Está en la lógica de las cosas pensar que, en tales situaciones, lo procedente será concluir por completo y definitivamente el concurso, con los efectos propios de tal declaración, pero todavía, -tanto con respecto al concurso de personas físicas y a la suerte del procedimiento de exoneración, como con relación a las personas jurídicas-, continúan aspectos para la incerteza.

Y, por último, podrán hallar nuestros lectores la opinión de los expertos en relación con la posibilidad de la aplicación de este singular procedimiento en los casos del concurso de las microempresas, donde tan sólo una norma, -el art.

La próxima entrada en vigor del extravagante Libro III, el primer día del año venidero, nos situará de nuevo ante incertidumbres que abordaremos en sucesivas ediciones de nuestro Foro.

Deseamos a nuestros lectores una feliz Navidad y un próspero año Este foro ha sido publicado en el " Boletín Mercantil ", en diciembre de Fedra Valencia García.

El resumen de esta nueva regulación es que ya no será posible declarar y concluir el concurso en la misma resolución -como ocurría hasta la reforma-, sino que se deja en manos de la acción -o inacción de los acreedores la conclusión.

Aunque la doctrina ha visto algún punto positivo en esta nueva regulación -FORTEA GORBE, J. Derecho concursal y preconcursal,. GALLEGO, E. Tirant lo Blanch-, lo cierto es que, como señala el coordinador del foro, surgen de la misma ciertas incógnitas que se nos plantean hoy.

Como decíamos, la decisión de si concluye el concurso o no se deja en manos de los acreedores, pero para que puedan actuar, el artículo 37 ter. Parece evidente que será posible que los acreedores puedan agruparse para alcanzar el umbral mínimo del cinco por ciento ya que se utiliza tanto el singular como el plural -acreedor o acreedores que representen tanto en el artículo 37 ter.

La segunda cuestión que se nos planea es qué sucede si el acreedor discrepa del importe del crédito reconocido por el deudor. Y, añadimos, que la misma situación se plantearía si el deudor no hubiera incluido dicho crédito en la solicitud de concurso -lo que no es descabellado pensar que puede ocurrir, incluso de forma intencionada, si el deudor puede sospechar que ese acreedor pueda tener interés en que no se concluya el concurso-.

Dado lo reciente de la ley no hay muchos autores que se hayan pronunciado al respecto, pero FORTEA GORBE, J. Por lo tanto, este autor no resuelve el problema que se plantea. Sin embargo, tanto los jueces mercantiles de Sevilla -en el acuerdo de 25 de octubre de , como en el acuerdo del juzgado mercantil de Granada -de la misma fecha como los jueces mercantiles de Andalucía -en el encuentro de la jurisdicción mercantil celebrado en Granada los días 10 y 11 de noviembre de entienden que el acreedor debe aportar prueba sobre la cuantía de su crédito y el juez deberá analizar la misma para decidir sobre la legitimación al resolver sobre el nombramiento del administrador concursal.

En el encuentro de la jurisdicción mercantil de Andalucía se precisó algo más esta cuestión indicando que no será necesario efectuar un trámite de audiencia contradictorio, sino que el juez deberá decidir con la documentación aportada tanto por el deudor, en su solicitud, como por el acreedor -el acuerdo de Granada apuntaba una razón más, al señalar que la retribución del administrador concursal para la elaboración del informe deberá ser satisfecha por el acreedor solicitante, sin que cause por lo tanto perjuicios a terceros, por lo que en caso de duda debía favorecerse la legitimación-.

También se señala que esta resolución no producirá efectos de cosa juzgada sobre la posible impugnación de la lista de acreedores. A mi juicio, esta conclusión es correcta y coincide con la solución que expresamente se recoge en la LC respecto a la apreciación de la legitimación del acreedor que solicita la declaración de concurso necesario -artículo Como veíamos antes, el artículo 37 ter dispone que el juez dictará un auto declarando el concurso de acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos que ordenar la remisión telemática al Boletín Oficial del Estado para su publicación y en el Registro Público Concursal con el llamamiento a los acreedores para que, en el plazo de quince días desde su publicación, puedan solicitar el nombramiento del administrador concursal para que presente el informe sobre los extremos que se indican en el citado artículo.

Por lo tanto, nos encontramos con un auto cuyo contenido es sustancialmente diferente al auto de declaración de concurso que se regula en los artículos 28 a 32 LC -que supone, entre otros efectos, la intervención o suspensión de las facultades patrimoniales del deudor, el nombramiento del administrador concursal, el llamamiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos, etc.

De hecho, el legislador parece querer enfatizar el carácter limitado de este auto de declaración del concurso sin masa al señalar que no tendrá más pronunciamientos que ordenar la publicación del mismo para realizar el llamamiento a los acreedores.

La doctrina -MUÑOZ PAREDES, A. El concurso sin masa: sunt lacrimae rerum , Diario La Ley nº señala que estamos ante una declaración de concurso trifásica puesto que se dictan tres resoluciones diferentes, el primer auto que declara el concurso y realiza el llamamiento a los acreedores, un segundo auto -artículo 37 quater que nombra al administrador concursal -siempre que los acreedores lo soliciten y un tercer auto -auto complementario recogido en el artículo 37 quinquies con el resto de los pronunciamientos de la declaración del concurso -si el informe concluyera la viabilidad en el ejercicio de acciones-.

Si los acreedores solicitan el nombramiento del administrador concursal, el artículo 37 quater establece, como decíamos, que el juez dictará un auto en el que, además de proceder al nombramiento, fijará la retribución del administrador concursal por la emisión del informe encomendado, cuya satisfacción corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Tan parca regulación plantea, de nuevo, problemas de interpretación acerca de la naturaleza de esta retribución, su cuantificación y cuándo debe abonarse la misma. En cuanto a la naturaleza de la retribución existe dos opciones: considerar que la emisión de este informe que forma parte del informe de la administración concursal regulado en los artículos y siguientes LC o bien considerar que el informe constituye una actuación autónoma diferente.

En ambos casos se trataría, a mi juicio, de un crédito contra la masa -si el concurso continuara al ser un crédito de la administración concursal -artículo Además se trata de un crédito que nacería después de la declaración de concurso -artículo 37 ter.

Los otros dos problemas que se plantean -la cuantificación de la retribución y el momento de su abono deben ponerse en relación con la naturaleza que se atribuya a este informe ad hoc para los concursos sin masa.

Sin embargo, en los tres casos se concluye que debe evitarse que la administración concursal perciba una cantidad irrisoria por la elaboración del informe, por lo que fijan un mínimo -de euros en el caso de los acuerdos de Sevilla y Granada, mientras que en el encuentro se eleva este importe a euros-.

En contra de esta posición, sin embargo, se pronuncia el magistrado MUÑOZ PAREDES, A. quien considera que la retribución debe fijarse a tanto alzado porque el informe no es el mismo que el que se establece en los artículos y siguientes, sino un informe ad hoc para continuar o no con la tramitación del concurso.

Es cierto que el informe al que se refiere el artículo 37 ter no coincide exactamente con el informe del artículo -el contenido que se regula en el artículo se refiere al análisis de la memoria y la exposición del estado de la contabilidad — que pueden relacionarse con la viabilidad de las acciones contra los administradores o la calificación del concurso, mientras que el artículo incluye en el inventario las posibles acciones de reintegración-, sin embargo, tal y como señalan los acuerdos de los jueces mercantiles, ese análisis sí forma parte de las labores que debe realizar el administrador concursal -máxime cuando ahora la calificación se abre siempre-.

Además, un argumento adicional que, a mi juicio, apoya considerar que la retribución del informe debe relacionarse con la retribución del administrador concursal -y se deduciría de la que se fijase en el concurso si se dictara el auto complementario es que, de esta forma, se favorece un análisis más objetivo -no habrá incentivo en que se declare el concurso si las acciones no son viables-.

Finalmente, en cuanto al momento en el que debe abonarse esta retribución, la ley no dice nada puesto que se limita a señalar que la satisfacción de la retribución fijada por el juez se realizará por el acreedor o acreedores que hubieran solicitado el informe.

Aquí la posición es unánime. Tanto en los acuerdos de los jueces publicados como por la doctrina a la que nos hemos referido, consideran que el pago debe realizarse con carácter previo a la emisión del informe, una vez que se haya aceptado el cargo -se fija el plazo de 5 días-. Ahora bien, la solución es más de equidad que legal, ya que son las dificultades que podría plantear el cobro de ese importe en caso de que no se declare el concurso -la competencia no correspondería al juez del concurso, ya concluido las que llevan a exigir que el pago se realice con carácter previo a la emisión del informe.

Si hemos optado por considerar que la retribución por la elaboración de este informe forma parte de la posterior retribución del administrador concursal -que sería crédito contra la masa-, debemos entender que el acreedor tiene derecho a recuperarlo, pero no del deudor concursado, sino del administrador concursal cuando este perciba la retribución correspondiente -en el fondo, el acreedor estaría anticipando la retribución del administrador concursal por lo que parece razonable que el administrador concursal no pueda cobrar la misma en su integridad, sino que debe entregar al acreedor la parte anticipada por el mismo — eso sí, siempre que el propio administrador concursal cobre-.

Si, por el contrario, entendemos que esta actuación no forma parte de sus funciones de administrador concursal, la única conclusión posible es que se trata de un pago a fondo perdido -que los acreedores no podrán recuperar porque no hay ninguna norma legal que permita recobrarlo del concurso -tal y como señala MUÑOZ PAREDES, op.

Por último, se nos plantea qué sucede si finalmente no procede dictar el auto complementario -que abriría la fase de liquidación y contendría todos los demás pronunciamientos del auto de declaración de concurso-.

Efectivamente, aquí nos encontramos con un olvido del legislador que regula qué ocurre si se emite el informe por el administrador concursal y en el mismo se aprecian indicios de acciones que acrecienten la masa activa -artículo 37 quinquies-, pero no dice nada sobre qué ocurre si -i no comparece ningún acreedor para solicitar que se nombre el administrador concursal, o -ii si, elaborado el informe por el administrador concursal, se concluye que no existen los indicios a los que se refiere el artículo 37 ter.

Parece razonable pensar que, en el caso de las personas jurídicas, deberíamos aplicar el artículo cit , que apliquemos el régimen del artículo y siguientes que se refieren a la insuficiencia sobrevenida-.

Así se pronuncian los acuerdos de los jueces a los que nos hemos venido refiriendo. Sin embargo, en el caso de las personas físicas no podrá dictarse el auto de conclusión ya que debemos dar la oportunidad al concursado de solicitar la exoneración conforme a lo que se recoge en el artículo Tal y como establece dicho artículo, el concursado persona física podrá presentar esa solicitud en los diez días siguientes -i al vencimiento del plazo para que los acreedores soliciten el nombramiento de un administrador concursal, si no lo hubieran hecho o -ii a la emisión -habrá que entender comunicación o traslado del informe realizado por el administrador concursal nombrado que no apreciara indicios para continuar el procedimiento.

Si el deudor no presenta, en plazo, la solicitud de exoneración el juez dictará auto de conclusión mientras que, si el deudor presenta la solicitud, el juez dictará la conclusión -i al mismo tiempo que concede la exoneración si no hay oposición — conforme al artículo Debemos señalar que algún autor -CUENA, M.

Considera que debería abrirse la liquidación para que sea el juez quien decida si se debe liquidar o no. No es esta la previsión del legislador -como reconoce la autora-, quien ha optado en el caso de los concursos sin masa por no liquidar -asumiendo, lo que normalmente será cierto, todo sea dicho, que no hay nada que liquidar o que el coste de la liquidación será superior al valor de los activos-.

Manuel García-Villarrubia Bernabé. Es muy poco tiempo para hacer valoraciones. Faltan, como es natural, datos, estadísticas. Pero una cosa que se está viendo en la práctica es que una gran mayoría de los concursos que se están declarando lo son sin masa.

La trascendencia práctica de la regulación no necesita, pues, de mayor explicación. Esta sistematización busca de forma evidente deslindar el concurso sin masa de la causa de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa -esto es, cuando tras declarar el concurso se constata que la masa activa resulta insuficiente para satisfacer los créditos contra la masa-.

En este comentario la atención se centrará en la primera de las figuras, es decir, en la relativa a los concursos sin masa, sin entrar, por tanto, en los casos de conclusión por insuficiencia sobrevenida de masa.

Para ver, con más amplitud, cómo queda la regulación de la conclusión del concurso, puede consultarse a R. Tagliavini Sansa y J. El concurso sin masa no es con masa insuficiente Uría Menéndez -uria. Sobre el concurso sin masa, ha escrito —y muy bien, como siempre— A.

º , de 8 de noviembre de Allí se aborda la cuestión en forma de preguntas y respuestas. En las siguientes páginas añadiremos algunas más. También se tomarán en consideración los criterios sentados por distintos órganos judiciales. Contexto: posibilidad de simultánea apertura y conclusión del concurso bajo la normativa anterior a la reforma concursal.

Situamos el punto de partida del análisis en una necesaria y breve referencia a la regulación de esta materia previa a la reforma concursal. No nos remontamos muy atrás en el tiempo. Nos colocamos en la redacción original del TRLC, que entró en vigor el 1 de septiembre de Antes, se discutía si bajo la LC cabía decretar de manera simultánea la apertura y la conclusión del concurso en caso de ausencia de masa.

La norma era el artículo bis. Con su redacción, surgieron dos posiciones en doctrina y práctica judicial. Una entendía que no era posible, en caso de concurso de persona física, decretar de forma simultánea la declaración y conclusión del concurso, ya que la conclusión no podría producirse hasta la firmeza de la resolución que denegara o concediera el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho.

El principal argumento estaba en la previsión según la cual el juez había de designar un administrador concursal que habría de liquidar los bienes existentes y pagar los créditos contra la masa. La otra posición, en cambio, consideraba posible la simultánea declaración y conclusión del concurso, también en el caso de persona física.

Al margen de posibles críticas sobre la redacción de la norma, parecía que el legislador se decantaba así por la posibilidad de la apertura y conclusión simultáneas del concurso de persona física.

Pero no dejaban de surgir interrogantes sobre la aplicación práctica de esta solución. Algunos de ellos se formulaban en M. Revista de Derecho Mercantil, n. º 96, El concurso sin masa en la reforma concursal. Ámbito de aplicación. No ha habido tiempo material, sin embargo, para aclarar las dudas.

Solo dos años después -con el añadido de la moratoria concursal en ese período-, desde el 26 de septiembre de , está en vigor la nueva regulación, que —como se ha dicho— cambia el paradigma y busca separar el concurso sin masa de la causa de conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa.

A la declaración de concurso sin masa se dedican ahora los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC. El primero de ellos define qué ha de entenderse por concurso sin masa, situación que se da al principio del procedimiento.

Es importante destacar que la regulación no distingue si el deudor es persona física o jurídica ni, en el primer caso, si se dedica o no a una actividad empresarial o profesional.

Pero surge aquí una primera duda. Como es de todos conocido, el libro III del TRLC, una de las creaciones de la reforma, regula el denominado procedimiento especial para microempresas, en vigor a partir del 1 de enero de Por tales se entienden, según el artículo En principio, se trata de un procedimiento de carácter único, exclusivo y obligatorio para todos los deudores que reúnan las características indicadas.

Solo se contempla de forma expresa la insuficiencia de masa como causa de conclusión del concurso -lo que, para el legislador, es diferente a la declaración de concurso sin masa-. Así, el artículo Si los bienes de un deudor no se hubieran liquidado íntegramente, se mantendrá en la plataforma, que continuará realizando pagos periódicos a los acreedores a medida que se vayan produciendo las ventas de los activos, de acuerdo con las reglas generales del libro primero y conforme a la lista final de créditos insatisfechos aportada a la plataforma por el deudor o por el administrador concursal en el momento de conclusión del procedimiento especial de liquidación.

La pregunta que surge es, por tanto, evidente. En los casos de procedimiento especial para microempresas, ¿cabe la declaración de concurso sin masa? La relevancia de la cuestión es indudable, porque si la respuesta es negativa, quedarán fuera de esa posibilidad un conjunto de supuestos que, a priori , pueden ser de los que con más frecuencia se den en la práctica.

La posibilidad de declaración de concurso sin masa se vería, así, limitada a los casos de persona física no empresario y a los de deudor empresario -sea persona natural o jurídica que no entre en la definición de microempresa del artículo del TRLC. En principio, al tratarse de un procedimiento especial con regulación completa, argumentos de pura técnica de interpretación normativa pueden conducir a entender que en este tipo de procedimientos no cabe la declaración de concurso sin masa porque así lo ha querido el legislador al establecer su diseño.

Solo se contempla la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa para satisfacer créditos contra la masa, pero no la declaración de concurso sin masa. Hay además determinadas características de ese procedimiento que pueden hacer difícil compatibilizar las previsiones de los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC con la regulación de ese procedimiento -como pueden ser, por ejemplo, el papel protagonista que se da al deudor en la tramitación del procedimiento, incluida la liquidación, en su caso, de los bienes, o la limitada función que corresponde al administrador concursal, de ser nombrado-.

Frente a ello, quienes aboguen a favor de la posibilidad expuesta pueden acudir a la previsión del artículo Puede defenderse, así, que cabe la declaración de concurso sin masa también en el procedimiento especial para microempresas, con las adaptaciones precisas -lo cual, a su vez, abriría la puerta a la discusión sobre cuáles pueden ser esas adaptaciones, dando lugar a un sinfín de posibilidades y, con ello, a un incremento de las dudas y los problemas-.

No es descartable que sea este último el planteamiento que finalmente se imponga. Dosis de pragmatismo pueden ayudar a ello, porque, como se verá, por el diseño establecido en la reforma lo normal será que a los supuestos de declaración inicial de concurso sin masa siga una rápida conclusión del concurso si no hay solicitud de nombramiento de administrador concursal.

Puede llegar a pensarse que no tiene demasiado sentido excluir de esa solución a un grupo de casos especialmente propicio para entender que se está ante un concurso sin masa, en los que sea difícil encontrar justificación a la necesidad de tramitar el procedimiento especial, por expeditivo y ágil que se pretenda que sea.

En este momento se hace complicado decantarse por una de las soluciones propuestas. En estricta técnica de interpretación normativa, la balanza parece inclinarse hacia la no aplicación en sede de procedimiento especial de microempresas.

Pero no faltan buenos argumentos para defender la posición contraria, apoyados en razones de pragmatismo que también han de considerarse. Veremos qué dicen los tribunales. La salvedad —relevante— es que se considera que, si al tiempo de instarse la declaración de concurso el deudor ha cesado su actividad, no podrá acogerse al procedimiento especial para microempresas y, en consecuencia, será de aplicación lo dispuesto sobre la declaración de concurso sin masa en los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC.

Volvemos al régimen establecido en los preceptos objeto de comentario. El régimen, como se ha anticipado, ventila este tipo de situaciones dando especial protagonismo al deudor y a los acreedores relevantes.

Nos explicamos. La primera parte del artículo 37 ter. El protagonismo del deudor está aquí claro. El juez ha de partir de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la acompañen para tomar la decisión de dar a las actuaciones el curso propio de los concursos sin masa.

Por tanto, lo habitual será que el deudor tome la iniciativa y manifieste en su solicitud, justificándolo documentalmente, que se está ante una de las situaciones contempladas en el artículo 37 bis del TRLC.

En la práctica, normalmente, el juzgado tomará como buena la solicitud -salvo que de la documentación manifiestamente resulte otra cosa y actuará en la forma dispuesta en el artículo 37 ter.

En los criterios sentados hasta el momento por órganos judiciales se advierte de la dificultad que supone determinar si se dan o no los presupuestos para la declaración de concurso sin masa.

Así, el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía coinciden en señalar la importancia de que el deudor justifique adecuadamente la existencia de esos presupuestos, en particular el del apartado d del artículo 37 bis del TRLC -gravámenes y cargas por importe superior al valor de mercado de los bienes y derechos del concursado y, además, añaden que en cualquier caso y con carácter previo a la declaración de concurso habrá de acordarse la averiguación patrimonial de bienes del deudor a través del punto neutro judicial.

Los pronunciamientos que no se harán son los que con carácter general han de integrar el contenido del auto de declaración del concurso según la regulación de la sección 1. ª del capítulo V del libro I del TRLC -artículos 28 y ss.

Eso no significa que no se esté ante una declaración de concurso propiamente dicha, con todas las consecuencias y efectos que le son inherentes. Esta constatación es importante para después determinar qué sucede si ningún acreedor interesa la emisión del informe o si, haciéndolo, el informe concluye que no se dan indicios sobre los extremos a que se refiere el artículo 37 ter del TRLC.

A partir de la declaración de concurso sin masa, el testigo se cede a los acreedores. Como sigue disponiendo el artículo 37 ter. º si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles º si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada, o contra la persona natural designada por la persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados y º si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable.

Una observación. La norma habla de una doble publicación: en el BOE y en el registro público concursal. Y el plazo, ¿es de días hábiles o naturales? Es también razonable entender que se trata de días hábiles, como todos los plazos a que se refiere el TRLC -que, recuérdese, en su artículo establece la LEC como norma supletoria-.

El sistema plantea relevantes problemas, como veremos enseguida, relativos a la legitimación de los acreedores, la retribución del administrador concursal y el posible contenido del auto complementario que el juzgado habrá de emitir en caso de formularse una solicitud de nombramiento de administrador concursal.

Pero, antes, para explicar bien por qué hablamos de protagonismo de los acreedores, es necesario referirse a qué ocurrirá si no se produce la solicitud de nombramiento de administrador concursal por ningún acreedor.

Parece evidente que el concurso no puede quedar abierto de manera indefinida, en una suerte de limbo jurídico, especialmente porque la sola declaración de concurso habrá producido los efectos que le son propios.

Se hace aquí preciso distinguir entre los supuestos de deudor persona física y los de deudor persona jurídica. Según el artículo 37 ter. Si el deudor formula la solicitud y nadie se opone a su concesión, se procederá a la conclusión del concurso. Como dice el artículo Parece, pues, que con el otorgamiento de la exoneración se acordará igualmente la conclusión del concurso, con los efectos que le son propios -artículos y del TRLC-.

La solución ha de ser la misma, por razones similares a las que seguidamente se exponen para el caso de concurso de persona jurídica -v. Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla —apartado 8, pp.

No hay en la Ley, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, referencia a qué sucederá si se está ante un deudor persona jurídica. En cualquier caso, parece razonable entender que procederá la conclusión del concurso, con sus correspondientes efectos -artículos y del TRLC-.

Lo explica con claridad A. Muñoz Paredes, op. No obstante, a falta de norma de mejor encaje, debemos acudir a la única existente, pues la alternativa -dejar el concurso en vía muerta no nos parece atendible.

Por ello, si, expirado el plazo, no existieren solicitudes de nombramiento, se procederá a dictar auto de conclusión del concurso, no susceptible de recurso alguno. Finalmente, hasta la fecha, se coincide en que la conclusión del concurso será también la resolución procedente si, interesado el informe del administrador concursal, en este se determina que no se dan los indicios a que se refiere el artículo 37 ter del TRLC.

Como puede comprobarse, se habla de protagonismo de los acreedores porque el devenir del procedimiento depende directamente de lo que hagan una vez producido el llamamiento.

Si interesan el nombramiento de administrador concursal, tendrá más contenido. Si no lo hacen, lo normal será que el procedimiento directamente concluya en el caso de persona jurídica o que se solicite la exoneración de pasivo insatisfecho en el de persona natural -con igual desenlace de conclusión si se otorga la exoneración y también si no se pide-.

Ese protagonismo es, en realidad, un regalo envenenado. Primero, porque en la práctica impone a los acreedores realizar un seguimiento de los autos de declaración de concurso sin masa a través del BOE y del registro público concursal. Fácilmente puede anticiparse qué puede suponer eso para acreedores recurrentes, como -pero no solo las entidades financieras.

Y, después, porque a ellos corresponde valorar si existen indicios para alguna de las actuaciones previstas en el artículo -acciones rescisorias, de responsabilidad de administradores o calificación de culpabilidad y así tomar la decisión de solicitar o no el nombramiento de administrador concursal.

También se comprende la dificultad del empeño, porque no será fácil ni habitual que los acreedores dispongan de toda la información precisa. Y, en fin, porque, en caso de formular la solicitud y como ahora veremos, les incumbe satisfacer los honorarios del administrador concursal por la emisión del informe.

Como se viene indicando, la solicitud de nombramiento de administrador concursal está sometida a un presupuesto de legitimación. Hasta en dos ocasiones se dice en el TRLC -artículos 37 ter. Parece razonable entender, pues, que el porcentaje se ha de calcular sobre el pasivo total, del mismo modo que para ello los acreedores podrán tener en cuenta todos los créditos de que sean titulares, con independencia de su calificación.

Porque el auto inicial ha de incluir la referencia a la cifra de pasivo. De forma natural surgen aquí diferentes preguntas: ¿qué pasa si los acreedores discrepan de la cifra de pasivo incluida en la solicitud de concurso del deudor?

Las cuestiones pueden ser relevantes para determinar si se supera o no el porcentaje del cinco por ciento establecido por el legislador pero nada se dice en la Ley sobre cómo hacer frente a esa posible situación.

Una alternativa es entender que se ha de estar a los datos contenidos en la solicitud de concurso, tanto en cuanto al pasivo total como en cuanto al importe concreto del acreedor o acreedores solicitantes.

Puede ser la solución más práctica. Pero no parece satisfactoria. Si el acreedor o acreedores solicitantes aportan información y documentación de la que resulten importes diferentes, el juez de lo mercantil puede -y creo que debe valorar todo el material de que disponga y decidir sobre la realidad.

Siempre quedará, es cierto, la posibilidad de calificación de culpabilidad del concurso por inexactitud grave o falsedad en la documentación acompañada a la solicitud de concurso -supuesto especial de calificación de culpabilidad en todo caso del artículo Pero, claro, si no se llega a nombrar un administrador concursal, la cuestión no se podrá resolver porque no habrá sección de calificación.

Se trata de un verdadero callejón sin salida si no se admite la solución propuesta. De hecho, el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla parece admitir que en este momento inicial se suscite esta cuestión -apartado 4, pp. Lo mismo sucede con los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía -apartado En ambos casos, sin embargo, se indica que el juez ha de decidir a la vista de la información y documentación contenida en la solicitud de concurso del deudor y en la petición de nombramiento de administrador concursal por los acreedores, sin que proceda un trámite adicional de contradicción en caso de discrepancia entre deudor y acreedores.

Uno de los problemas sobre los que más se está discutiendo es el de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe sobre los extremos contenidos en el artículo 37 ter.

Solo dos cosas se dicen en la Ley, en concreto en el artículo 37 quater. Una, que en el mismo auto de nombramiento se fijará esa retribución. Otra, que su satisfacción corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Nada más. No hay una regulación de los criterios para la determinación del importe, del momento de su pago, ni de la clasificación del crédito derivado de esa retribución. Lo primero, el importe. Ante la ausencia de criterios, nos encontramos con una materia total -e indeseablemente abierta, en la que los órganos judiciales están proponiendo diversas soluciones.

Uno, el de los criterios establecidos por el Acuerdo del Tribunal Instancia Mercantil de Sevilla. Dice lo siguiente el apartado 5.

En la misma línea se pronuncian los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, que hacen propios los del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, con la diferencia de que se fija el límite mínimo en euros.

En ambos casos, se entiende que si se dicta el auto complementario del artículo 37 quinquies del TRLC, las cantidades abonadas por la emisión del informe se deducirán de las correspondientes al administrador concursal por la tramitación del procedimiento concursal -en concreto, las de la fase común-, sin que, por tanto, se entienda que hay una doble retribución -una por la emisión del informe y otra por la sustanciación del procedimiento concursal-.

Otro ejemplo es el de la solución propuesta por el Juzgado de lo Mercantil n. º 2 de Valencia, en Auto de 15 de noviembre de También cabe citar el camino sugerido por A. No es fácil decantarse por alguna de las soluciones propuestas.

Si hubiera de optar necesariamente por una, tendería a acudir a la última: fijación a tanto alzado, teniendo en cuenta los datos del procedimiento concreto, los criterios del arancel y el trabajo efectivo que pueda requerir la emisión del informe. Pero decir esto es casi no decir nada y tiene el inconveniente de la incertidumbre y de la dificultad de su aplicación práctica si el número de solicitudes de designación de administrador concursal se hace inmanejable -lo que está por ver-.

Por eso, parece inteligente y realista la solución propuesta en Andalucía. En cualquier caso, sería deseable que la situación se resuelva cuanto antes con la correspondiente intervención normativa y que, si esta no llega, se pudiese establecer una solución lo más uniforme posible en todo el territorio nacional a través de los correspondientes acuerdos entre los órganos de la especialidad mercantil de las distintas plazas y comunidades autónomas.

No puede ser que la retribución del administrador concursal sea diferente según el lugar en que se esté tramitando el concurso. Por lo que se refiere al momento del abono, cabe destacar que, ante la ausencia de mención en la norma, tanto el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla como los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía consideran que el pago ha de hacerse antes de la emisión del informe.

Incluso se habla de un plazo de cinco días desde la aceptación del cargo por la administración concursal. Queda el problema de la calificación del crédito. De nuevo, la Ley guarda silencio. Lo único que se dice es que la satisfacción de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Si el informe concluye que no se dan los indicios del artículo 37 ter del TRLC, no habrá auto complementario y no tendrá sentido plantearse el problema. El acreedor o acreedores solicitantes habrán abonado o tendrán que abonar los honorarios del administrador concursal y nada podrán repercutir al deudor.

Si, como concluyen el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, los honorarios de la administración concursal por la emisión del informe se integran en sus honorarios generales, parece razonable que el acreedor o acreedores que pidieron el informe y abonaron los honorarios correspondiente puedan, por subrogación, considerarse titulares de un crédito contra la masa de la misma naturaleza que los honorarios generales de la administración concursal -artículo º del TRLC-.

La solución no es evidente porque nada dice la Ley sobre la posibilidad de recuperación del importe abonado por los acreedores. Incluso pesa en contra el hecho de que el artículo º del TRLC califique como crédito contra la masa el crédito por los honorarios del experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva, sin decir nada sobre el informe del artículo 37 ter del TRLC.

Pero es más que razonable a la vista de la naturaleza de la actuación de la administración concursal en la realización del informe, que de ser positivo en cuanto a la existencia de indicios redundará en beneficio del conjunto de los acreedores del deudor y, frente a lo establecido en Sevilla, con independencia del resultado final del ejercicio de las acciones allí previstas en términos de ingreso de cantidades en la masa activa.

No comparte esta visión, sin embargo, A. Otra materia, por tanto, que queda indeseablemente abierta. Importa hacer una última referencia al régimen de recursos contra los distintos autos a los que se refieren los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC, cuestión que también está abierta a interpretaciones.

La regulación del concurso sin masa contempla hasta tres posibles autos específicos, con diferente contenido y pronunciamientos. Lo hemos visto. El primero, el del artículo 37 ter. El segundo es el auto a que se refiere el artículo 37 quater. Es lo que A. Y todavía pueden quedar más, como el auto de conclusión del concurso si nadie interesa el informe o si, interesado, en él se sostiene que no se dan los indicios relacionados en el artículo 37 ter.

No hay en los preceptos relacionados ninguna previsión relativa al régimen de recursos contra los autos mencionados. En las normas indicadas no se excluye todo recurso ni se otorga apelación. Por tanto, contra los autos a que se está haciendo referencia cabe recurso de reposición ante el propio juez que los dictó, sin posibilidad de ulterior recurso.

Es el entendimiento del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla -apartado 6, p. Los concursos sin masa son, desafortunadamente, una realidad muy presente. Forman parte del día a día de nuestros juzgados. Más que cualquier otra cosa. Más, por supuesto, que los planes de reestructuración.

Y son importantes para el legislador. Tanto, que en la reforma se les ha querido dar un tratamiento independiente y separado.

Pero ese tratamiento deja demasiadas cuestiones abiertas, que, a falta de otra solución, corresponde responder a los operadores jurídicos. Los intentos hasta ahora realizados solo merecen reconocimiento. Pero la situación deja mucho que desear, porque las lagunas y deficiencias de la regulación harán que sea muy difícil establecer criterios uniformes de aplicación con independencia del lugar de tramitación del concurso.

La sacrificada es la seguridad jurídica en una materia que es clave para la solución de las situaciones de crisis económica de deudores. Antonio Roncero Sánchez. Entre los aspectos de la regulación del concurso de acreedores que han La nueva regulación ha tratado de marcar la diferencia entre concurso sin masa -ahora regulado en los arts.

Centrándonos en el supuesto de declaración de concurso sin masa, el art. La primera duda interpretativa la plantea el tenor literal del precepto que, al establecer los presupuestos objetivos del concurso sin masa, determina que los distintos supuestos han de concurrir « por este orden », exigencia cuyo significado y alcance es ciertamente difícil de concretar.

Entendemos que cabrá aplicar el régimen especial previsto para los concursos sin masa cuando concurra cualquiera de los supuestos señalados en el art.

Al margen de esta duda interpretativa, en la presente edición del Foro se nos plantean diversas cuestiones entre las muchas que suscita el nuevo régimen de los concursos sin masa, sin duda necesario teniendo en cuenta el elevado porcentaje de concursos en los que se acredita ya desde el inicio la insuficiencia de masa activa, pero que quizás hubiese requerido una mayor precisión y desarrollo.

En concreto, se cuestiona si cabe que dicho porcentaje se ostente por varios acreedores agrupadamente. En principio, de la simple lectura del art. Sin embargo, en nuestra opinión lo relevante a efectos del reconocimiento del derecho a solicitar el nombramiento de un administrador concursal es el porcentaje del pasivo que se ostente y no el número de acreedores que lo hagan es decir, se pretende que la solicitud de nombramiento del administrador provenga de un porcentaje mínimamente significativo del pasivo, con independencia de que sea atribuible a uno o a varios acreedores que actúen conjuntamente.

Por ello y dado que no existe ninguna razón para excluir la solicitud que provenga de acreedores que conjuntamente alcancen el porcentaje de pasivo requerido, entendemos que dicha cuestión ha de ser contestada afirmativamente.

Esta interpretación parece confirmarse en el art. Ello sin perjuicio de que deban admitirse todas las solicitudes formuladas por acreedores que igualen o superen -individual o conjuntamente dicho porcentaje, de modo que, si hubiese varias solicitudes en el mismo sentido, todos los acreedores solicitantes habrían de contribuir a sufragar la remuneración del administrador concursal en los términos establecidos en el art.

Más compleja es la cuestión relativa a la discrepancia en relación con el importe absoluto o relativo del crédito, de forma que ponga en cuestión la legitimación de su titular para solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

En relación con ello, resulta también dudoso cuáles son los efectos del auto de declaración del concurso de acreedores sin masa previsto en el art. El propio precepto aclara que dicho auto contendrá la declaración de concurso « sin otros pronunciamientos », lo cual pone de manifiesto que se trata de una declaración de concurso singular, que abre un breve período interino durante el cual la única actuación posible es la presentación por los acreedores legitimados de la solicitud de nombramiento de administrador concursal para que elabore el informe razonado sobre los extremos contemplados en ese mismo precepto y, en su caso, el nombramiento de administrador concursal y la elaboración y presentación por este de su informe.

El procedimiento de concurso declarado inicialmente a través de dicho auto no comenzará a desarrollarse hasta que no se dicte por el juez el auto complementario « con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa ».

Por tanto, entendemos que el auto inicial de declaración de concurso sin masa, al margen de sus efectos propios -apertura del período para la presentación de solicitudes para el nombramiento de administrador concursal y posibilidad para el deudor persona natural de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho si no se formulasen solicitudes por los acreedores dentro de plazo-, únicamente tendrá el efecto de impedir la admisión a trámite de otras solicitudes de concurso, por cuanto el resto de efectos derivados del auto de declaración de concurso irían vinculados al auto complementario que, en su caso, se dicte de conformidad con lo previsto en el art.

Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los

Concursos exprés y sorpresas - Salva tu patrimonio por sólo €, sin sorpresas, mediante pagos mensuales desde €. Precio concurso de acreedores exprés. Deudas < €. Opción 1 Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los

Parece, pues, que con el otorgamiento de la exoneración se acordará igualmente la conclusión del concurso, con los efectos que le son propios artículos y del TRLC. La solución ha de ser la misma, por razones similares a las que seguidamente se exponen para el caso de concurso de persona jurídica v.

Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla —apartado 8, pp. No hay en la Ley, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, referencia a qué sucederá si se está ante un deudor persona jurídica. En cualquier caso, parece razonable entender que procederá la conclusión del concurso, con sus correspondientes efectos artículos y del TRLC.

Lo explica con claridad A. Muñoz Paredes, op. No obstante, a falta de norma de mejor encaje, debemos acudir a la única existente, pues la alternativa dejar el concurso en vía muerta no nos parece atendible. Por ello, si, expirado el plazo, no existieren solicitudes de nombramiento, se procederá a dictar auto de conclusión del concurso, no susceptible de recurso alguno.

Finalmente, hasta la fecha, se coincide en que la conclusión del concurso será también la resolución procedente si, interesado el informe del administrador concursal, en este se determina que no se dan los indicios a que se refiere el artículo 37 ter del TRLC.

Como puede comprobarse, se habla de protagonismo de los acreedores porque el devenir del procedimiento depende directamente de lo que hagan una vez producido el llamamiento. Si interesan el nombramiento de administrador concursal, tendrá más contenido.

Si no lo hacen, lo normal será que el procedimiento directamente concluya en el caso de persona jurídica o que se solicite la exoneración de pasivo insatisfecho en el de persona natural con igual desenlace de conclusión si se otorga la exoneración y también si no se pide.

Ese protagonismo es, en realidad, un regalo envenenado. Primero, porque en la práctica impone a los acreedores realizar un seguimiento de los autos de declaración de concurso sin masa a través del BOE y del registro público concursal.

Fácilmente puede anticiparse qué puede suponer eso para acreedores recurrentes, como pero no solo las entidades financieras. Y, después, porque a ellos corresponde valorar si existen indicios para alguna de las actuaciones previstas en el artículo acciones rescisorias, de responsabilidad de administradores o calificación de culpabilidad y así tomar la decisión de solicitar o no el nombramiento de administrador concursal.

También se comprende la dificultad del empeño, porque no será fácil ni habitual que los acreedores dispongan de toda la información precisa.

Y, en fin, porque, en caso de formular la solicitud y como ahora veremos, les incumbe satisfacer los honorarios del administrador concursal por la emisión del informe. Como se viene indicando, la solicitud de nombramiento de administrador concursal está sometida a un presupuesto de legitimación.

Hasta en dos ocasiones se dice en el TRLC artículos 37 ter. Parece razonable entender, pues, que el porcentaje se ha de calcular sobre el pasivo total, del mismo modo que para ello los acreedores podrán tener en cuenta todos los créditos de que sean titulares, con independencia de su calificación.

Porque el auto inicial ha de incluir la referencia a la cifra de pasivo. De forma natural surgen aquí diferentes preguntas: ¿qué pasa si los acreedores discrepan de la cifra de pasivo incluida en la solicitud de concurso del deudor? Las cuestiones pueden ser relevantes para determinar si se supera o no el porcentaje del cinco por ciento establecido por el legislador; pero nada se dice en la Ley sobre cómo hacer frente a esa posible situación.

Una alternativa es entender que se ha de estar a los datos contenidos en la solicitud de concurso, tanto en cuanto al pasivo total como en cuanto al importe concreto del acreedor o acreedores solicitantes. Puede ser la solución más práctica.

Pero no parece satisfactoria. Si el acreedor o acreedores solicitantes aportan información y documentación de la que resulten importes diferentes, el juez de lo mercantil puede y creo que debe valorar todo el material de que disponga y decidir sobre la realidad.

Siempre quedará, es cierto, la posibilidad de calificación de culpabilidad del concurso por inexactitud grave o falsedad en la documentación acompañada a la solicitud de concurso supuesto especial de calificación de culpabilidad en todo caso del artículo Pero, claro, si no se llega a nombrar un administrador concursal, la cuestión no se podrá resolver porque no habrá sección de calificación.

Se trata de un verdadero callejón sin salida si no se admite la solución propuesta. De hecho, el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla parece admitir que en este momento inicial se suscite esta cuestión apartado 4, pp.

Lo mismo sucede con los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía apartado 2. En ambos casos, sin embargo, se indica que el juez ha de decidir a la vista de la información y documentación contenida en la solicitud de concurso del deudor y en la petición de nombramiento de administrador concursal por los acreedores, sin que proceda un trámite adicional de contradicción en caso de discrepancia entre deudor y acreedores.

Uno de los problemas sobre los que más se está discutiendo es el de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe sobre los extremos contenidos en el artículo 37 ter.

Solo dos cosas se dicen en la Ley, en concreto en el artículo 37 quater. Una, que en el mismo auto de nombramiento se fijará esa retribución. Otra, que su satisfacción corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Nada más. No hay una regulación de los criterios para la determinación del importe, del momento de su pago, ni de la clasificación del crédito derivado de esa retribución. Lo primero, el importe.

Ante la ausencia de criterios, nos encontramos con una materia total e indeseablemente abierta, en la que los órganos judiciales están proponiendo diversas soluciones.

Uno, el de los criterios establecidos por el Acuerdo del Tribunal Instancia Mercantil de Sevilla. Dice lo siguiente el apartado 5. En la misma línea se pronuncian los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, que hacen propios los del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, con la diferencia de que se fija el límite mínimo en euros.

En ambos casos, se entiende que si se dicta el auto complementario del artículo 37 quinquies del TRLC, las cantidades abonadas por la emisión del informe se deducirán de las correspondientes al administrador concursal por la tramitación del procedimiento concursal en concreto, las de la fase común , sin que, por tanto, se entienda que hay una doble retribución una por la emisión del informe y otra por la sustanciación del procedimiento concursal.

Otro ejemplo es el de la solución propuesta por el Juzgado de lo Mercantil n. º 2 de Valencia, en Auto de 15 de noviembre de También cabe citar el camino sugerido por A. No es fácil decantarse por alguna de las soluciones propuestas.

Si hubiera de optar necesariamente por una, tendería a acudir a la última: fijación a tanto alzado, teniendo en cuenta los datos del procedimiento concreto, los criterios del arancel y el trabajo efectivo que pueda requerir la emisión del informe. Pero decir esto es casi no decir nada y tiene el inconveniente de la incertidumbre y de la dificultad de su aplicación práctica si el número de solicitudes de designación de administrador concursal se hace inmanejable lo que está por ver.

Por eso, parece inteligente y realista la solución propuesta en Andalucía. En cualquier caso, sería deseable que la situación se resuelva cuanto antes con la correspondiente intervención normativa y que, si esta no llega, se pudiese establecer una solución lo más uniforme posible en todo el territorio nacional a través de los correspondientes acuerdos entre los órganos de la especialidad mercantil de las distintas plazas y comunidades autónomas.

No puede ser que la retribución del administrador concursal sea diferente según el lugar en que se esté tramitando el concurso.

Por lo que se refiere al momento del abono, cabe destacar que, ante la ausencia de mención en la norma, tanto el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla como los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía consideran que el pago ha de hacerse antes de la emisión del informe.

Incluso se habla de un plazo de cinco días desde la aceptación del cargo por la administración concursal. Queda el problema de la calificación del crédito.

De nuevo, la Ley guarda silencio. Lo único que se dice es que la satisfacción de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado. Si el informe concluye que no se dan los indicios del artículo 37 ter del TRLC, no habrá auto complementario y no tendrá sentido plantearse el problema.

El acreedor o acreedores solicitantes habrán abonado o tendrán que abonar los honorarios del administrador concursal y nada podrán repercutir al deudor. Si, como concluyen el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, los honorarios de la administración concursal por la emisión del informe se integran en sus honorarios generales, parece razonable que el acreedor o acreedores que pidieron el informe y abonaron los honorarios correspondiente puedan, por subrogación, considerarse titulares de un crédito contra la masa de la misma naturaleza que los honorarios generales de la administración concursal artículo º del TRLC.

La solución no es evidente porque nada dice la Ley sobre la posibilidad de recuperación del importe abonado por los acreedores. Incluso pesa en contra el hecho de que el artículo º del TRLC califique como crédito contra la masa el crédito por los honorarios del experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva, sin decir nada sobre el informe del artículo 37 ter del TRLC.

Pero es más que razonable a la vista de la naturaleza de la actuación de la administración concursal en la realización del informe, que de ser positivo en cuanto a la existencia de indicios redundará en beneficio del conjunto de los acreedores del deudor y, frente a lo establecido en Sevilla, con independencia del resultado final del ejercicio de las acciones allí previstas en términos de ingreso de cantidades en la masa activa.

No comparte esta visión, sin embargo, A. Otra materia, por tanto, que queda indeseablemente abierta. Importa hacer una última referencia al régimen de recursos contra los distintos autos a los que se refieren los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC, cuestión que también está abierta a interpretaciones.

La regulación del concurso sin masa contempla hasta tres posibles autos específicos, con diferente contenido y pronunciamientos. Lo hemos visto. El primero, el del artículo 37 ter. El segundo es el auto a que se refiere el artículo 37 quater.

Es lo que A. Y todavía pueden quedar más, como el auto de conclusión del concurso si nadie interesa el informe o si, interesado, en él se sostiene que no se dan los indicios relacionados en el artículo 37 ter. No hay en los preceptos relacionados ninguna previsión relativa al régimen de recursos contra los autos mencionados.

En las normas indicadas no se excluye todo recurso ni se otorga apelación. Por tanto, contra los autos a que se está haciendo referencia cabe recurso de reposición ante el propio juez que los dictó, sin posibilidad de ulterior recurso.

Es el entendimiento del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla apartado 6, p. Los concursos sin masa son, desafortunadamente, una realidad muy presente.

Forman parte del día a día de nuestros juzgados. Más que cualquier otra cosa. Más, por supuesto, que los planes de reestructuración. Y son importantes para el legislador.

Tanto, que en la reforma se les ha querido dar un tratamiento independiente y separado. Pero ese tratamiento deja demasiadas cuestiones abiertas, que, a falta de otra solución, corresponde responder a los operadores jurídicos. Los intentos hasta ahora realizados solo merecen reconocimiento.

Pero la situación deja mucho que desear, porque las lagunas y deficiencias de la regulación harán que sea muy difícil establecer criterios uniformes de aplicación con independencia del lugar de tramitación del concurso.

La sacrificada es la seguridad jurídica en una materia que es clave para la solución de las situaciones de crisis económica de deudores.

Manuel García-Villarrubia. º 12, Amaia Bueno Vidán, Manuel García-Villarrubia. Política de cookies Uría Menéndez utiliza cookies analíticas de terceros para analizar sus hábitos de navegación, lo que permite obtener información sobre qué secciones suscitan interés y permite mejorar la página web y su seguridad.

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Fácilmente puede anticiparse qué puede suponer eso para acreedores recurrentes, como -pero no solo las entidades financieras. Y, después, porque a ellos corresponde valorar si existen indicios para alguna de las actuaciones previstas en el artículo -acciones rescisorias, de responsabilidad de administradores o calificación de culpabilidad y así tomar la decisión de solicitar o no el nombramiento de administrador concursal.

También se comprende la dificultad del empeño, porque no será fácil ni habitual que los acreedores dispongan de toda la información precisa. Y, en fin, porque, en caso de formular la solicitud y como ahora veremos, les incumbe satisfacer los honorarios del administrador concursal por la emisión del informe.

Como se viene indicando, la solicitud de nombramiento de administrador concursal está sometida a un presupuesto de legitimación. Hasta en dos ocasiones se dice en el TRLC -artículos 37 ter. Parece razonable entender, pues, que el porcentaje se ha de calcular sobre el pasivo total, del mismo modo que para ello los acreedores podrán tener en cuenta todos los créditos de que sean titulares, con independencia de su calificación.

Porque el auto inicial ha de incluir la referencia a la cifra de pasivo. De forma natural surgen aquí diferentes preguntas: ¿qué pasa si los acreedores discrepan de la cifra de pasivo incluida en la solicitud de concurso del deudor? Las cuestiones pueden ser relevantes para determinar si se supera o no el porcentaje del cinco por ciento establecido por el legislador pero nada se dice en la Ley sobre cómo hacer frente a esa posible situación.

Una alternativa es entender que se ha de estar a los datos contenidos en la solicitud de concurso, tanto en cuanto al pasivo total como en cuanto al importe concreto del acreedor o acreedores solicitantes.

Puede ser la solución más práctica. Pero no parece satisfactoria. Si el acreedor o acreedores solicitantes aportan información y documentación de la que resulten importes diferentes, el juez de lo mercantil puede -y creo que debe valorar todo el material de que disponga y decidir sobre la realidad.

Siempre quedará, es cierto, la posibilidad de calificación de culpabilidad del concurso por inexactitud grave o falsedad en la documentación acompañada a la solicitud de concurso -supuesto especial de calificación de culpabilidad en todo caso del artículo Pero, claro, si no se llega a nombrar un administrador concursal, la cuestión no se podrá resolver porque no habrá sección de calificación.

Se trata de un verdadero callejón sin salida si no se admite la solución propuesta. De hecho, el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla parece admitir que en este momento inicial se suscite esta cuestión -apartado 4, pp. Lo mismo sucede con los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía -apartado En ambos casos, sin embargo, se indica que el juez ha de decidir a la vista de la información y documentación contenida en la solicitud de concurso del deudor y en la petición de nombramiento de administrador concursal por los acreedores, sin que proceda un trámite adicional de contradicción en caso de discrepancia entre deudor y acreedores.

Uno de los problemas sobre los que más se está discutiendo es el de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe sobre los extremos contenidos en el artículo 37 ter.

Solo dos cosas se dicen en la Ley, en concreto en el artículo 37 quater. Una, que en el mismo auto de nombramiento se fijará esa retribución. Otra, que su satisfacción corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Nada más. No hay una regulación de los criterios para la determinación del importe, del momento de su pago, ni de la clasificación del crédito derivado de esa retribución.

Lo primero, el importe. Ante la ausencia de criterios, nos encontramos con una materia total -e indeseablemente abierta, en la que los órganos judiciales están proponiendo diversas soluciones.

Uno, el de los criterios establecidos por el Acuerdo del Tribunal Instancia Mercantil de Sevilla. Dice lo siguiente el apartado 5. En la misma línea se pronuncian los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, que hacen propios los del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, con la diferencia de que se fija el límite mínimo en euros.

En ambos casos, se entiende que si se dicta el auto complementario del artículo 37 quinquies del TRLC, las cantidades abonadas por la emisión del informe se deducirán de las correspondientes al administrador concursal por la tramitación del procedimiento concursal -en concreto, las de la fase común-, sin que, por tanto, se entienda que hay una doble retribución -una por la emisión del informe y otra por la sustanciación del procedimiento concursal-.

Otro ejemplo es el de la solución propuesta por el Juzgado de lo Mercantil n. º 2 de Valencia, en Auto de 15 de noviembre de También cabe citar el camino sugerido por A. No es fácil decantarse por alguna de las soluciones propuestas. Si hubiera de optar necesariamente por una, tendería a acudir a la última: fijación a tanto alzado, teniendo en cuenta los datos del procedimiento concreto, los criterios del arancel y el trabajo efectivo que pueda requerir la emisión del informe.

Pero decir esto es casi no decir nada y tiene el inconveniente de la incertidumbre y de la dificultad de su aplicación práctica si el número de solicitudes de designación de administrador concursal se hace inmanejable -lo que está por ver-. Por eso, parece inteligente y realista la solución propuesta en Andalucía.

En cualquier caso, sería deseable que la situación se resuelva cuanto antes con la correspondiente intervención normativa y que, si esta no llega, se pudiese establecer una solución lo más uniforme posible en todo el territorio nacional a través de los correspondientes acuerdos entre los órganos de la especialidad mercantil de las distintas plazas y comunidades autónomas.

No puede ser que la retribución del administrador concursal sea diferente según el lugar en que se esté tramitando el concurso. Por lo que se refiere al momento del abono, cabe destacar que, ante la ausencia de mención en la norma, tanto el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla como los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía consideran que el pago ha de hacerse antes de la emisión del informe.

Incluso se habla de un plazo de cinco días desde la aceptación del cargo por la administración concursal. Queda el problema de la calificación del crédito. De nuevo, la Ley guarda silencio. Lo único que se dice es que la satisfacción de la retribución del administrador concursal por la emisión del informe corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

Si el informe concluye que no se dan los indicios del artículo 37 ter del TRLC, no habrá auto complementario y no tendrá sentido plantearse el problema.

El acreedor o acreedores solicitantes habrán abonado o tendrán que abonar los honorarios del administrador concursal y nada podrán repercutir al deudor. Si, como concluyen el Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y los Criterios sobre concursos sin masa de la jurisdicción mercantil de Andalucía, los honorarios de la administración concursal por la emisión del informe se integran en sus honorarios generales, parece razonable que el acreedor o acreedores que pidieron el informe y abonaron los honorarios correspondiente puedan, por subrogación, considerarse titulares de un crédito contra la masa de la misma naturaleza que los honorarios generales de la administración concursal -artículo º del TRLC-.

La solución no es evidente porque nada dice la Ley sobre la posibilidad de recuperación del importe abonado por los acreedores. Incluso pesa en contra el hecho de que el artículo º del TRLC califique como crédito contra la masa el crédito por los honorarios del experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productiva, sin decir nada sobre el informe del artículo 37 ter del TRLC.

Pero es más que razonable a la vista de la naturaleza de la actuación de la administración concursal en la realización del informe, que de ser positivo en cuanto a la existencia de indicios redundará en beneficio del conjunto de los acreedores del deudor y, frente a lo establecido en Sevilla, con independencia del resultado final del ejercicio de las acciones allí previstas en términos de ingreso de cantidades en la masa activa.

No comparte esta visión, sin embargo, A. Otra materia, por tanto, que queda indeseablemente abierta. Importa hacer una última referencia al régimen de recursos contra los distintos autos a los que se refieren los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC, cuestión que también está abierta a interpretaciones.

La regulación del concurso sin masa contempla hasta tres posibles autos específicos, con diferente contenido y pronunciamientos. Lo hemos visto. El primero, el del artículo 37 ter. El segundo es el auto a que se refiere el artículo 37 quater.

Es lo que A. Y todavía pueden quedar más, como el auto de conclusión del concurso si nadie interesa el informe o si, interesado, en él se sostiene que no se dan los indicios relacionados en el artículo 37 ter.

No hay en los preceptos relacionados ninguna previsión relativa al régimen de recursos contra los autos mencionados. En las normas indicadas no se excluye todo recurso ni se otorga apelación. Por tanto, contra los autos a que se está haciendo referencia cabe recurso de reposición ante el propio juez que los dictó, sin posibilidad de ulterior recurso.

Es el entendimiento del Acuerdo del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla -apartado 6, p. Los concursos sin masa son, desafortunadamente, una realidad muy presente. Forman parte del día a día de nuestros juzgados. Más que cualquier otra cosa.

Más, por supuesto, que los planes de reestructuración. Y son importantes para el legislador. Tanto, que en la reforma se les ha querido dar un tratamiento independiente y separado.

Pero ese tratamiento deja demasiadas cuestiones abiertas, que, a falta de otra solución, corresponde responder a los operadores jurídicos. Los intentos hasta ahora realizados solo merecen reconocimiento. Pero la situación deja mucho que desear, porque las lagunas y deficiencias de la regulación harán que sea muy difícil establecer criterios uniformes de aplicación con independencia del lugar de tramitación del concurso.

La sacrificada es la seguridad jurídica en una materia que es clave para la solución de las situaciones de crisis económica de deudores. Antonio Roncero Sánchez. Entre los aspectos de la regulación del concurso de acreedores que han La nueva regulación ha tratado de marcar la diferencia entre concurso sin masa -ahora regulado en los arts.

Centrándonos en el supuesto de declaración de concurso sin masa, el art. La primera duda interpretativa la plantea el tenor literal del precepto que, al establecer los presupuestos objetivos del concurso sin masa, determina que los distintos supuestos han de concurrir « por este orden », exigencia cuyo significado y alcance es ciertamente difícil de concretar.

Entendemos que cabrá aplicar el régimen especial previsto para los concursos sin masa cuando concurra cualquiera de los supuestos señalados en el art. Al margen de esta duda interpretativa, en la presente edición del Foro se nos plantean diversas cuestiones entre las muchas que suscita el nuevo régimen de los concursos sin masa, sin duda necesario teniendo en cuenta el elevado porcentaje de concursos en los que se acredita ya desde el inicio la insuficiencia de masa activa, pero que quizás hubiese requerido una mayor precisión y desarrollo.

En concreto, se cuestiona si cabe que dicho porcentaje se ostente por varios acreedores agrupadamente. En principio, de la simple lectura del art.

Sin embargo, en nuestra opinión lo relevante a efectos del reconocimiento del derecho a solicitar el nombramiento de un administrador concursal es el porcentaje del pasivo que se ostente y no el número de acreedores que lo hagan es decir, se pretende que la solicitud de nombramiento del administrador provenga de un porcentaje mínimamente significativo del pasivo, con independencia de que sea atribuible a uno o a varios acreedores que actúen conjuntamente.

Por ello y dado que no existe ninguna razón para excluir la solicitud que provenga de acreedores que conjuntamente alcancen el porcentaje de pasivo requerido, entendemos que dicha cuestión ha de ser contestada afirmativamente.

Esta interpretación parece confirmarse en el art. Ello sin perjuicio de que deban admitirse todas las solicitudes formuladas por acreedores que igualen o superen -individual o conjuntamente dicho porcentaje, de modo que, si hubiese varias solicitudes en el mismo sentido, todos los acreedores solicitantes habrían de contribuir a sufragar la remuneración del administrador concursal en los términos establecidos en el art.

Más compleja es la cuestión relativa a la discrepancia en relación con el importe absoluto o relativo del crédito, de forma que ponga en cuestión la legitimación de su titular para solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

En relación con ello, resulta también dudoso cuáles son los efectos del auto de declaración del concurso de acreedores sin masa previsto en el art. El propio precepto aclara que dicho auto contendrá la declaración de concurso « sin otros pronunciamientos », lo cual pone de manifiesto que se trata de una declaración de concurso singular, que abre un breve período interino durante el cual la única actuación posible es la presentación por los acreedores legitimados de la solicitud de nombramiento de administrador concursal para que elabore el informe razonado sobre los extremos contemplados en ese mismo precepto y, en su caso, el nombramiento de administrador concursal y la elaboración y presentación por este de su informe.

El procedimiento de concurso declarado inicialmente a través de dicho auto no comenzará a desarrollarse hasta que no se dicte por el juez el auto complementario « con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y apertura de la fase de liquidación de la masa activa ».

Por tanto, entendemos que el auto inicial de declaración de concurso sin masa, al margen de sus efectos propios -apertura del período para la presentación de solicitudes para el nombramiento de administrador concursal y posibilidad para el deudor persona natural de solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho si no se formulasen solicitudes por los acreedores dentro de plazo-, únicamente tendrá el efecto de impedir la admisión a trámite de otras solicitudes de concurso, por cuanto el resto de efectos derivados del auto de declaración de concurso irían vinculados al auto complementario que, en su caso, se dicte de conformidad con lo previsto en el art.

Se trata de una medida que ciertamente no incentiva a los acreedores a solicitar el nombramiento de administrador concursal. Tratándose de retribución derivada del desarrollo de funciones propias de la administración concursal, es discutible si la misma debería ser deducida de la retribución que corresponda al administrador concursal en el supuesto de que se dictase auto complementario, así como si en este caso los acreedores que hubiesen satisfecho la retribución podrían reclamar su devolución.

En nuestra opinión, atendiendo a que se trata de retribución derivada del ejercicio de las funciones propias del administrador concursal, así como que, en el supuesto de que se dicte auto complementario porque el administrador concursal haya apreciado la existencia de indicios que permitan el ejercicio de acciones para incrementar la masa activa, cabría entender que se trata de un crédito contra la masa -art.

Finalmente, el nuevo régimen tampoco contempla el procedimiento a seguir en el supuesto de que no proceda dictar auto complementario. En este sentido, no procederá dictar auto complementario cuando no se hayan formulado solicitudes de acreedores que superen el porcentaje de pasivo requerido dentro del plazo habilitado al efecto, o bien si, habiéndose formulado solicitudes y procedido al nombramiento de administrador concursal, este no apreciase en su informe la existencia de los indicios a que se refiere el art.

A este respecto, el TRLC únicamente prevé qué sucedería en caso de deudor persona natural y para el supuesto de que no se hubiese solicitado por acreedores con porcentaje de pasivo suficiente la solicitud de nombramiento de administrador concursal -así, el art.

Entendemos que esta misma consecuencia se producirá si, solicitado el nombramiento de administrador concursal, éste no aprecia la concurrencia de los indicios que determinarían la necesidad de dictar un auto complementario.

Fuera de estos casos, consideramos que, en los demás supuestos, si no cabe dictar auto complementario, procederá la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa -art. Luis Antonio Soler Pascual. Dice el art.

Se plantea la cuestión relativa a las discrepancias de los acreedores respecto del importe del crédito reconocido por el deudor. La razón de ello es que, de un lado, en el auto inicial el Juez -art.

Dos son las posibles soluciones para que el acreedor pueda resolver lo relativo a su crédito, a saber, entender que al no haber lista definitiva de acreedores, porque la apertura directa de la liquidación lo impide, no se produce el efecto del art.

Una segunda solución sería entender que debe procederse como respecto de cualquier concurso voluntario con solicitud de apertura de la fase de liquidación -art.

En cuanto a los efectos del auto inicial de declaración de concurso, lo que dice el art. ni, desde luego, los específicos de la apertura de la fase liquidatoria del art. Téngase en cuenta que, si a la postre no procediera dictar auto complementario del concurso, la previsión legal -art.

Y se trata de persona jurídica, lo dispuesto en el art. En el caso de que se hubieran nombrado administradores para la emisión del informe que permita en su caso la continuación del concurso, los honorarios de los administradores designados serán, de un lado, y por lo que hace a los derivados de la emisión del informe que justifica el dictado del auto complementario aperturando el concurso, a cargo -art.

Los honorarios de los administradores tendrán, por lo que hace a los abonados por los acreedores solicitantes del informe, y si éste es positivo y se ordena la continuación del concurso, la consideración de créditos contra la masa, interpretando lo abonado por los acreedores como créditos en el marco del art.

Belén Veleiro Reboredo. Se regulan en el artículo 37 bis los supuestos o causas que deben concurrir para que pueda considerarse un concurso sin masa.

Estos supuestos son taxativos, por su orden y pudiendo concurrir varias circunstancias: a que el concursado carezca de bienes y derechos que sean legalmente embargables b que el coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal c que los bienes y derechos del concursado libres de cargas fueran de valor inferior al previsible coste del procedimiento y d que los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos.

Conforme a la nueva redacción del artículo 37 bis TRLC, se considera que existe concurso sin masa cuando el coste de realización de los bienes y derechos del concursado fuera manifiestamente desproporcionado respecto al previsible valor venal o bien que los gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos del concursado lo sean por importe superior al valor de mercado de esos bienes y derechos, en cuyo caso, conforme al artículo 37 ter, si ningún legitimado hubiera solicitado del juez el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho con carácter inmediato.

También podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho desde la emisión del informe por el administrador concursal nombrado si éste no apreciare indicios suficientes para la continuación del procedimiento -artículo Como se declaraba en estas sentencias, los bienes afectos al pago de créditos con privilegio especial, como podía ser la vivienda habitual, podrían no incluirse en la liquidación cuando el valor de la garantía fuera superior al valor razonable del bien gravado siempre que el deudor siguiera pagando las cuotas de amortización y que el acreedor con privilegio especial no se opusiera a tal exclusión.

De acuerdo con el nuevo procedimiento establecido, si de la solicitud de declaración de concurso y de los documentos que la acompañen resultare que el deudor se encuentra en cualquiera de las situaciones a que se refiere el artículo 37 bis TRLC, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos, ordenando la remisión telemática al Boletín Oficial del Estado para su publicación en el suplemento del tablón edictal judicial único y la publicación en el Registro público concursal con llamamiento al acreedor o a los acreedores que representen, al menos, el cinco por ciento del pasivo a fin de que, en el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación del edicto, puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado -art.

Se declarará, por tanto, el concurso de acreedores sin más pronunciamientos y se ordenará la remisión telemática al Boletín Oficial del Estado y la publicación en el Registro público concursal, con llamamiento a los acreedores.

El auto de declaración de concurso, en caso de que el deudor fuera empleador, se notificará a la representación legal de las personas trabajadoras. Por tanto, el auto inicial contendrá la declaración de concurso, el llamamiento a los acreedores citados, la publicidad que haya de darse y, en su caso, se notificará a la representación de los trabajadores -artículo En el plazo de quince días a contar del siguiente a la publicación, el acreedor o los acreedores que representen, al menos y conjuntamente, el cinco por ciento del pasivo, podrán solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

Esto implica que los acreedores deberán estar alerta de la publicación, entre otras cosas, por el escaso tiempo para solicitar el nombramiento de administrador concursal y, por otro, para reunir el requisito de que al menos, los acreedores conjuntamente -lo que implica la posibilidad que puedan agruparse para alcanzar ese umbral mínimo o cualesquiera de ellos de manera independiente, siempre que alcancen, individual o conjuntamente, el cinco por ciento del pasivo, puedan solicitar el nombramiento de un administrador concursal.

Entendemos que los acreedores podrán poner de manifiesto y justificar ante el juez del concurso, en la solicitud de nombramiento de administrador concursal que, conjunta o individualmente representan el cinco por ciento del pasivo y, con ello, poner de manifiesto cualquier discrepancia justificada sobre el importe del crédito reconocido por el deudor y comunicado al juzgado.

Debe tenerse en cuenta que la legitimación de los acreedores viene determinada únicamente por la documentación presentada por el deudor conforme dispone el artículo 7. Por otro lado, se pone de manifiesto que ya no resulta posible la declaración de concurso y su conclusión simultáneamente por insuficiencia de la masa activa, si no que se abrirá un nuevo procedimiento en el que serán los acreedores los que prioricen o no su conclusión.

En el plazo de quince días a contar desde la publicación, el acreedor o los acreedores que, de manera individual o conjunta, alcancen el cinco por ciento del pasivo declarado, pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal para que presente informe razonado y documentado, en cuyo caso, el juez, mediante auto, procederá a su nombramiento para que, en el plazo de un mes a contar desde la aceptación, emita el informe solicitado.

El informe del administrador concursal debe contener, como mínimo, los siguientes extremos: 1. º si existen indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la masa activa que sean rescindibles conforme a lo establecido en la Ley 2.

º si existen indicios suficientes para el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, de la persona jurídica concursada, o contra la persona natural designada por la persona jurídica administradora para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica y contra la persona, cualquiera que sea su denominación, que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados y, 3.

º si existen indicios suficientes de que el concurso pudiera ser calificado de culpable -artículo 37 ter TRLC-. En el mismo auto del nombramiento del administrador concursal, el juez fijará la retribución del administrador.

El coste de dicho informe será satisfecho por el acreedor o los acreedores solicitantes, dependiendo si alcanzan individual o conjuntamente ese mínimo del cinco por ciento del pasivo y, por tanto, no con cargo a la masa como dispone el artículo 84 TRLC, sin perjuicio de su posterior retorno de los gastos y, en su caso, costas, como dispone el artículo TRLC.

En cuanto al plazo de su percepción, salvo que el juez al fijar la retribución fije otros plazos diferentes, la retribución correspondiente a cada mes que transcurra de la fase de liquidación se percibirá a mes vencido, dentro de los cinco primeros días del mes inmediato posterior al vencimiento.

El administrador concursal podrá cobrar sus honorarios dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a su aceptación y, por tanto, antes de elaborar el informe que, deberá emitirlo dentro del mes siguiente a su aceptación. También debe tenerse en cuenta que, conforme dispone el artículo 90 TRLC, cualquier tercero que abone cualquier clase de retribución al administrador concursal estará obligado a comunicarlo al Letrado de la Administración de Justicia del juzgado ante el que se tramita el concurso, con indicación del importe abonado, de la causa y la fecha del pago.

Igual obligación recaerá sobre la administración concursal respecto de las retribuciones de cualquier clase que pueda percibir por causa o con ocasión del concurso. Para la elaboración del informe del administrador concursal, el deudor deberá facilitar de inmediato toda la información que le sea requerida por el administrador concursal.

Aunque no es requerido en el TRLC y el llamamiento a los acreedores lo es con una finalidad concreta, entiendo que los acreedores que discrepen del importe de sus créditos reconocidos por el deudor, podrían dirigirse al administrador concursal, una vez nombrado, para poner de manifiesto cuanto resulte en relación a sus créditos en la manera dispuesta en los artículos y ss.

TRLC, incluso, el administrador concursal, que tendrá acceso a la documentación presentada en la solicitud del concurso y relacionada en los artículos 7 y 8 TRLC, podría comunicar la declaración de concurso a los acreedores conforme a los artículos y ss.

TRLC con la finalidad de que redundará en beneficio de su obligación de emitir el informe requerido. Incluso, por aplicación analógica, el administrador concursal podría solicitar una prórroga para la emisión del informe conforme al artículo Téngase en cuenta que la declaración de concurso ya ha tenido lugar.

En el supuesto de que el administrador concursal emita informe apreciando la existencia de los indicios a que se refiere el artículo 37 ter TRLC, el juez dictará auto complementario con los demás pronunciamientos de la declaración de concurso y declarando la apertura de la fase de liquidación de la masa activa, continuando el procedimiento conforme a lo establecido en el TRLC.

El auto de declaración de concurso inicial se complementará con los demás pronunciamientos a que se refiere el artículo 28 TRLC, así como ordenando la apertura de la fase de liquidación. Entiendo que, a partir del auto complementario de declaración de concurso, éste produce todos los efectos a que se refieren los artículos y ss.

Por ejemplo, desde este momento, no se podrá iniciar la ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración de concurso -artículo TRLC se suspenderá el devengo de intereses -artículo TRLC y el derecho de retención -artículo TRLC-.

En cuanto a la prescripción, quedará interrumpida hasta la conclusión del concurso la prescripción de las acciones contra el deudor por los créditos anteriores a la declaración de concurso así como de las acciones contra socios y contra los administradores, los liquidadores, la persona natural designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo de administrador persona jurídica, y la persona que tenga atribuidas facultades de más alta dirección de la sociedad cuando no exista delegación permanente de facultades del consejo en uno o varios consejeros delegados, así como contra los auditores de la persona jurídica concursada.

La interrupción de la prescripción no producirá efectos frente a los deudores solidarios, así como tampoco frente a los fiadores y avalistas -artículo TRLC-. El administrador concursal, en su caso, deberá ejercitar las acciones rescisorias -artículos y ss.

TRLC y las acciones sociales de responsabilidad antes de que transcurran dos meses a contar desde la presentación del informe inicial. Si no lo hiciera, el acreedor o los acreedores que hubieran solicitado el nombramiento de administrador concursal estarán legitimados para el ejercicio de esas acciones dentro de los dos meses siguientes.

Entendemos aplicable el artículo TRLC por cuanto el plazo de dos meses para el ejercicio de las acciones referidas es taxativo, sin perjuicio de la posibilidad de que el administrador concursal pueda solicitar una prórroga del plazo por aplicación analógica del artículo En estos casos y si ya hubiera sido ejercitada por los acreedores la acción, el juez del concurso procederá de oficio a la acumulación de los procedimientos.

En caso de que la demanda fuera total o parcialmente estimada, los acreedores tendrán derecho a reembolsarse con cargo a la masa activa, una vez que la sentencia alcance firmeza, de los gastos y costas en que hubieran incurrido hasta el límite de lo obtenido como consecuencia de la rescisión -artículo y 37 quinquies TRLC-.

Del resultado de las acciones previstas, el concurso podrá continuar el procedimiento hasta su definitiva conclusión, bien por liquidación o insuficiencia de la masa activa a que se refiere el artículo En caso de conclusión del concurso por liquidación o insuficiencia de masa activa, el deudor persona natural quedará responsable del pago de los créditos insatisfechos, salvo que obtenga el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho -artículo TRLC-.

En el caso de concurso persona jurídica, en la resolución que acuerde la conclusión del concurso por finalización de la liquidación o por insuficiencia de la masa activa del concursado persona jurídica, el juez ordenará el cierre provisional de la hoja abierta a esa persona jurídica en el registro público en el que figure inscrita.

En cuanto esta resolución devenga firme, el letrado de la Administración de Justicia expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución, con expresión de la firmeza, que remitirá por medios electrónicos al registro correspondiente. Transcurrido un año a contar desde que se hubiera ordenado por el juez el cierre de la hoja registral sin que se haya producido la reapertura del concurso, el registrador procederá a la cancelación de la inscripción de la persona jurídica, con cierre definitivo de la hoja -artículo TRLC-.

En el caso de que, dentro del plazo establecido en el artículo 37 ter, ningún acreedor hubiera solicitado el nombramiento de administrador concursal, el deudor que fuera persona natural podrá presentar solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho -artículo 37 ter, artículo y TRLC-.

Cabe entender que se declarará también la conclusión del concurso si el administrador concursal, en su informe, no encuentra los indicios a que se refiere el artículo 37 ter. Nada se dice al respecto del deudor persona jurídica en el TRLC, pero se entiende que procedería igualmente la conclusión del concurso con los efectos previstos en el artículo TRLC cuando ningún acreedor hubiera solicitado el nombramiento de administrador concursal o bien, tras el informe inicial del administrador concursal no resulten los indicios expresados en el artículo 37 ter -RDGRN de 10 de febrero de Boletín: A Antoni Frigola i Riera.

Qué hacer ante un concurso sin masa ha sido, tradicionalmente, fuente Qué hacer ante un concurso sin masa ha sido, tradicionalmente, fuente de debate.

El texto inicial de la Ley Concursal de , guardaba silencio. El concurso sin masa no mereció un tratamiento específico más allá de que, en aplicación de las reglas generales, a la fase común le tenía que seguir una fase de liquidación supuestamente corta y con una conclusión inmediata por insuficiencia de activo -artículo En el momento inicial de implantación de la Ley Concursal, algunos Juzgados de lo Mercantil optaron por inadmitir las solicitudes de concurso de las que se desprendía indudablemente que el deudor carecía de masa activa realizable - v.

Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. Para la convalidación de este tipo de argumentación se buscaron distintas razones jurídicas como que la existencia de masa activa actuaba como presupuesto del concurso.

En tal sentido, cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra -Sec. La argumentación anterior ya permite atisbar las dificultades derivadas de la literalidad del texto legal, de tal modo que otras Audiencias Provinciales optaron por no convalidar la solución que representaba la inadmisión a limite y consideraron que podía abrirse paso una solución intermedia consistente en admitir a trámite la solicitud de concurso con casi una simultánea conclusión [ v.

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona -Sec. En efecto, en este último Auto, la Audiencia Provincial de Barcelona -Sec.

Actualmente, el concurso sin masa se regula en los artículos 37 bis a 37 quinquies del Texto Refundido de la Ley Concursal. Una de las novedades de tal normativa es que se somete la prosecución del procedimiento concursal al interés mostrado por los acreedores.

Debe caber la acumulación de pasivo interesado. El quórum legitimador para solicitar la designación de un Administrador concursal conforme a las previsiones del artículo 37 quater TRLC le puede corresponder a un solo acreedor que ostente el cinco por ciento del pasivo del deudor o a diversos acreedores cuyas cuotas de deuda superen el referido porcentaje.

Tampoco existe ningún trámite reglado que establezca cómo verificar el quórum de necesaria concurrencia para acordar la continuación del procedimiento concursal. Obviamente, parece que deberá partirse de la documentación que haya sido acompañada a la solicitud del concurso. La cuestión se planteará en el caso en que exista discrepancia entre lo que aparece en la documentación acompañada a la solicitud de concurso y lo pretendido por los acreedores comparecidos a los efectos del artículo 37 quater.

No obstante, no parece que sea una cuestión insoslayable habida cuenta de que el referido quórum solo tiene virtualidad para designar al Administrador concursal para emitir el informe previsto en el artículo 37 ter TRLC y pagar sus honorarios. De ahí que no parezca imprescindible que se desarrolle un proceloso trámite de verificación de los créditos de los acreedores concurrentes interesados en la continuación del procedimiento concursal.

Debería bastar con una simple acreditación inicial indiciaria ante el Juez del concurso que permita a este comprobar de manera suficiente la virtualidad de los créditos interesados, sin perjuicio de su posterior convalidación o rectificación a los efectos de la determinación definitiva del pasivo.

En todo caso, los acreedores interesados deberán asumir los gastos generados según el crédito pretendido, así como la responsabilidad para el caso en que se hubiesen producido irregularidades en la acreditación de su crédito. En efecto, el tenor del artículo 37 ter punto 1 TRLC permite observar que el objeto del informe es verificar si existe posibilidad de que se incremente la masa activa que pueda servir de sustento para la tramitación del procedimiento concursal.

En tal sentido el Administrador concursal designado deberá analizar:. Para esta labor no existe parámetro legal claro para fijar los honorarios del Administrador concursal que haya sido designado y que estarán a cargo -parece lo lógico que lo sea en la proporción que les corresponda al porcentaje de pasivo pretendido de los acreedores solicitantes de la designación del Administrador concursal -artículo 37 quater apartado 1 TRLC-, lo que parece excluir la calificación de este crédito como crédito contra la masa.

Al respecto se han pronunciado algunos autores. Unos consideran más adecuado aplicar el Arancel otros consideran mejor determinar un tanto alzado [Muñoz Paredes, A.

en El concurso sin masa: sunt lacrimae rerum -Diario La Ley, N. º ]. El Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. Una vía que quizás sería razonable explorar -y que habría que imbricar en el trámite en curso es la posibilidad de aplicar, por analogía, la solución prevista en el artículo LEC para el caso de designación judicial de peritos.

Para tal caso, el citado precepto establece en su apartado 3 que:. Sin embargo, no debe considerarse un obstáculo insalvable puesto que debe primar un criterio de justicia frente al de la mera formalidad.

Y, en este sentido, no sería descabellado e irrazonable que, una vez que el Juez del concurso tenga todos los elementos necesarios para calibrar adecuadamente la retribución justa correspondiente, pudiera dictar una resolución complementaria del referido Auto, en el que incluso se podría hacer mención a esta posibilidad de posponer este concreto pronunciamiento.

Incluso cabría plantearse que, en casos excepcionales, el Juez del concurso pudiera valorar el ajuste de los honorarios solicitados por el Administrador concursal auxiliándose, por ejemplo, de los criterios establecidos por el baremo publicado por el Instituto de Censores y Jurados de Cuentas de España -al tratarse de un informe de contenido netamente económico-.

Para el caso en que el Administrador concursal concluya que no concurren tales indicios, lo más razonable será concluir el concurso sin más trámite -aplicando por analogía el artículo Por esta misma solución, aunque para una situación distinta -pero equiparable-, aboga Muñoz Paredes, A.

en art. com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación.

AUTOR de El Derecho Inicio de sesión. Correo electrónico. Contraseña Olvidé mi contraseña. Guardar y recordar contraseña. Índice de contenidos. Planteamiento Puntos de vista Resultado. nn Aunque la doctrina ha visto algún punto positivo en esta nueva regulación -FORTEA GORBE, J.

nn Como decíamos, la decisión de si concluye el concurso o no se deja en manos de los acreedores, pero para que puedan actuar, el artículo 37 ter. nn Parece evidente que será posible que los acreedores puedan agruparse para alcanzar el umbral mínimo del cinco por ciento ya que se utiliza tanto el singular como el plural -acreedor o acreedores que representen tanto en el artículo 37 ter.

nn La segunda cuestión que se nos planea es qué sucede si el acreedor discrepa del importe del crédito reconocido por el deudor.

nn Sin embargo, tanto los jueces mercantiles de Sevilla -en el acuerdo de 25 de octubre de , como en el acuerdo del juzgado mercantil de Granada -de la misma fecha como los jueces mercantiles de Andalucía -en el encuentro de la jurisdicción mercantil celebrado en Granada los días 10 y 11 de noviembre de entienden que el acreedor debe aportar prueba sobre la cuantía de su crédito y el juez deberá analizar la misma para decidir sobre la legitimación al resolver sobre el nombramiento del administrador concursal.

nn A mi juicio, esta conclusión es correcta y coincide con la solución que expresamente se recoge en la LC respecto a la apreciación de la legitimación del acreedor que solicita la declaración de concurso necesario -artículo nn Como veíamos antes, el artículo 37 ter dispone que el juez dictará un auto declarando el concurso de acreedores, con expresión del pasivo que resulte de la documentación, sin más pronunciamientos que ordenar la remisión telemática al Boletín Oficial del Estado para su publicación y en el Registro Público Concursal con el llamamiento a los acreedores para que, en el plazo de quince días desde su publicación, puedan solicitar el nombramiento del administrador concursal para que presente el informe sobre los extremos que se indican en el citado artículo.

nn Si los acreedores solicitan el nombramiento del administrador concursal, el artículo 37 quater establece, como decíamos, que el juez dictará un auto en el que, además de proceder al nombramiento, fijará la retribución del administrador concursal por la emisión del informe encomendado, cuya satisfacción corresponderá al acreedor o acreedores que lo hubieran solicitado.

nn En cuanto a la naturaleza de la retribución existe dos opciones: considerar que la emisión de este informe que forma parte del informe de la administración concursal regulado en los artículos y siguientes LC o bien considerar que el informe constituye una actuación autónoma diferente.

nn Los otros dos problemas que se plantean -la cuantificación de la retribución y el momento de su abono deben ponerse en relación con la naturaleza que se atribuya a este informe ad hoc para los concursos sin masa. nn En contra de esta posición, sin embargo, se pronuncia el magistrado MUÑOZ PAREDES, A.

nn Es cierto que el informe al que se refiere el artículo 37 ter no coincide exactamente con el informe del artículo -el contenido que se regula en el artículo se refiere al análisis de la memoria y la exposición del estado de la contabilidad — que pueden relacionarse con la viabilidad de las acciones contra los administradores o la calificación del concurso, mientras que el artículo incluye en el inventario las posibles acciones de reintegración-, sin embargo, tal y como señalan los acuerdos de los jueces mercantiles, ese análisis sí forma parte de las labores que debe realizar el administrador concursal -máxime cuando ahora la calificación se abre siempre-.

nn Finalmente, en cuanto al momento en el que debe abonarse esta retribución, la ley no dice nada puesto que se limita a señalar que la satisfacción de la retribución fijada por el juez se realizará por el acreedor o acreedores que hubieran solicitado el informe.

nn Si hemos optado por considerar que la retribución por la elaboración de este informe forma parte de la posterior retribución del administrador concursal -que sería crédito contra la masa-, debemos entender que el acreedor tiene derecho a recuperarlo, pero no del deudor concursado, sino del administrador concursal cuando este perciba la retribución correspondiente -en el fondo, el acreedor estaría anticipando la retribución del administrador concursal por lo que parece razonable que el administrador concursal no pueda cobrar la misma en su integridad, sino que debe entregar al acreedor la parte anticipada por el mismo — eso sí, siempre que el propio administrador concursal cobre-.

nn Por último, se nos plantea qué sucede si finalmente no procede dictar el auto complementario -que abriría la fase de liquidación y contendría todos los demás pronunciamientos del auto de declaración de concurso-. nn Parece razonable pensar que, en el caso de las personas jurídicas, deberíamos aplicar el artículo nn Sin embargo, en el caso de las personas físicas no podrá dictarse el auto de conclusión ya que debemos dar la oportunidad al concursado de solicitar la exoneración conforme a lo que se recoge en el artículo nn Debemos señalar que algún autor -CUENA, M.

nn En este comentario la atención se centrará en la primera de las figuras, es decir, en la relativa a los concursos sin masa, sin entrar, por tanto, en los casos de conclusión por insuficiencia sobrevenida de masa.

nn nn 2. Contexto: posibilidad de simultánea apertura y conclusión del concurso bajo la normativa anterior a la reforma concursal nn Situamos el punto de partida del análisis en una necesaria y breve referencia a la regulación de esta materia previa a la reforma concursal.

nn Antes, se discutía si bajo la LC cabía decretar de manera simultánea la apertura y la conclusión del concurso en caso de ausencia de masa.

nn Al margen de posibles críticas sobre la redacción de la norma, parecía que el legislador se decantaba así por la posibilidad de la apertura y conclusión simultáneas del concurso de persona física. nn nn 3. nn No ha habido tiempo material, sin embargo, para aclarar las dudas.

nn A la declaración de concurso sin masa se dedican ahora los artículos 37 bis a 37 quinquies del TRLC. nn El primero de ellos define qué ha de entenderse por concurso sin masa, situación que se da al principio del procedimiento.

nn Es importante destacar que la regulación no distingue si el deudor es persona física o jurídica ni, en el primer caso, si se dedica o no a una actividad empresarial o profesional. nn En principio, se trata de un procedimiento de carácter único, exclusivo y obligatorio para todos los deudores que reúnan las características indicadas.

nn La pregunta que surge es, por tanto, evidente. nn En principio, al tratarse de un procedimiento especial con regulación completa, argumentos de pura técnica de interpretación normativa pueden conducir a entender que en este tipo de procedimientos no cabe la declaración de concurso sin masa porque así lo ha querido el legislador al establecer su diseño.

nn Frente a ello, quienes aboguen a favor de la posibilidad expuesta pueden acudir a la previsión del artículo nn No es descartable que sea este último el planteamiento que finalmente se imponga. nn En este momento se hace complicado decantarse por una de las soluciones propuestas.

nn nn 4. Declaración de concurso sin masa. El papel del deudor y de los acreedores nn Volvemos al régimen establecido en los preceptos objeto de comentario. nn La primera parte del artículo 37 ter. nn A partir de la declaración de concurso sin masa, el testigo se cede a los acreedores.

nn Una observación. nn El sistema plantea relevantes problemas, como veremos enseguida, relativos a la legitimación de los acreedores, la retribución del administrador concursal y el posible contenido del auto complementario que el juzgado habrá de emitir en caso de formularse una solicitud de nombramiento de administrador concursal.

nn Se hace aquí preciso distinguir entre los supuestos de deudor persona física y los de deudor persona jurídica. nn Según el artículo 37 ter. nn No hay en la Ley, a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, referencia a qué sucederá si se está ante un deudor persona jurídica.

nn Finalmente, hasta la fecha, se coincide en que la conclusión del concurso será también la resolución procedente si, interesado el informe del administrador concursal, en este se determina que no se dan los indicios a que se refiere el artículo 37 ter del TRLC.

nn Como puede comprobarse, se habla de protagonismo de los acreedores porque el devenir del procedimiento depende directamente de lo que hagan una vez producido el llamamiento.

nn Ese protagonismo es, en realidad, un regalo envenenado. nn nn 5. El nombramiento de administrador concursal nn Como se viene indicando, la solicitud de nombramiento de administrador concursal está sometida a un presupuesto de legitimación. nn De forma natural surgen aquí diferentes preguntas: ¿qué pasa si los acreedores discrepan de la cifra de pasivo incluida en la solicitud de concurso del deudor?

Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso Cancelamos todas tus deudas gracias al concurso de acreedores express. Di adiós a tus deudas con proveedores, Hacienda y la Seguridad Social La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y el llamado concurso-express. Manuel García-Villarrubia. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil: Concursos exprés y sorpresas


























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Sorpdesas estos casos, además, sorpesas juez debe dictar un auto de conclusión Concurso concurso que no puede ser recurrido. Pareciera haberse pensado que sorprewas imposición al deudor Ofertas de alta categoría VIP de un inexorable Slrpresas de concursar habría de suponer que Concyrsos llegara al concurso con Ofertas de alta categoría VIP suficiente, Principios de apuestas seguras menos para cubrir los gastos del procedimiento y los demás créditos contra la masa. Así que, asesórate primero y ponte en manos de profesionales en derecho concursal. Parece evidente que el concurso no puede quedar abierto de manera indefinida, en una suerte de limbo jurídico, especialmente porque la sola declaración de concurso habrá producido los efectos que le son propios. Memoria de las operaciones realizadas tras la presentación de las últimas cuentas anuales. Pero, claro, si no se llega a nombrar un administrador concursal, la cuestión no se podrá resolver porque no habrá sección de calificación. Recogida en librería gratis. Eso no significa que no se esté ante una declaración de concurso propiamente dicha, con todas las consecuencias y efectos que le son inherentes. Como dice el artículo El administrador concursal podrá cobrar sus honorarios dentro de los cinco primeros días del mes siguiente a su aceptación y, por tanto, antes de elaborar el informe que, deberá emitirlo dentro del mes siguiente a su aceptación. Tanto, que en la reforma se les ha querido dar un tratamiento independiente y separado. nn También cabe citar el camino sugerido por A. Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los Este tipo de concurso pretende evitar la apertura y tramitación de un proceso concursal ordinario, con los costes que ello supone Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso Missing Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los Concursos exprés y sorpresas
Concrsos AGOSTO NOS VEMOS EBOOK GABRIEL GARCIA MARQUEZ. Gana ya efectivo, en fin, porque, en caso de Gana ya efectivo la solicitud y como Expdés veremos, les incumbe satisfacer los Secretos para Ganar Dinero del administrador concursal Comcursos la emisión del informe. Concjrsos efectos produce la declaración sorrpresas un concurso express. nn Por ejemplo, desde este momento, no se podrá iniciar la ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa por aquellos acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración de concurso -artículo TRLC se suspenderá el devengo de intereses -artículo TRLC y el derecho de retención -artículo TRLC. Otras publicaciones. Lo mismo cabe decir de los comentarios que sobre esas modificaciones han formulado los operadores jurídico-concursales, tanto en la doctrina como en la práctica judicial. Dice el art. Y, después, porque a ellos corresponde valorar si existen indicios para alguna de las actuaciones previstas en el artículo -acciones rescisorias, de responsabilidad de administradores o calificación de culpabilidad y así tomar la decisión de solicitar o no el nombramiento de administrador concursal. Además, un argumento adicional que, a mi juicio, apoya considerar que la retribución del informe debe relacionarse con la retribución del administrador concursal -y se deduciría de la que se fijase en el concurso si se dictara el auto complementario es que, de esta forma, se favorece un análisis más objetivo -no habrá incentivo en que se declare el concurso si las acciones no son viables-. El fin de la moratoria concursal, -el pasado 30 de junio de , reactivó el deber legal de solicitar el concurso, de manera que el 1 de septiembre pasado el deudor insolvente debió haber presentado su correspondiente solicitud si no quería ver su comportamiento calificado como culpable. Porque el auto inicial ha de incluir la referencia a la cifra de pasivo. Los créditos contra la masa son aquellos que surgen con posterioridad a la declaración de concurso, como por ejemplo, los honorarios del Administrador Concursal o el gasto por alquileres o nóminas. La primera duda interpretativa la plantea el tenor literal del precepto que, al establecer los presupuestos objetivos del concurso sin masa, determina que los distintos supuestos han de concurrir « por este orden », exigencia cuyo significado y alcance es ciertamente difícil de concretar. Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso Salva tu patrimonio por sólo €, sin sorpresas, mediante pagos mensuales desde €. Precio concurso de acreedores exprés. Deudas < €. Opción 1 García-Vilarrubia, “Dos cuestiones sobre el concurso de personas físicas: el «archivo exprés» en el concurso de persona física y la extensión del beneficio Missing García-Vilarrubia, “Dos cuestiones sobre el concurso de personas físicas: el «archivo exprés» en el concurso de persona física y la extensión del beneficio La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y el llamado concurso-express. Manuel García-Villarrubia. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil Concursos exprés y sorpresas
Frente a ello, quienes exprée a Exrpés de la posibilidad Concuros pueden acudir a la previsión del Concrsos Importa hacer una última referencia al Soluciones verdes para cultivos de recursos exrpés los distintos autos a los que se refieren los artículos 37 bis a expréés Concursos exprés y sorpresas del TRLC, cuestión Conchrsos también expeés abierta a interpretaciones. Se está, como puede comprobarse, ante un nuevo y elogiable esfuerzo de los tribunales de la especialidad mercantil por solucionar las carencias y problemas que, en determinados casos, presenta la Ley Concursal. Una alternativa es entender que se ha de estar a los datos contenidos en la solicitud de concurso, tanto en cuanto al pasivo total como en cuanto al importe concreto del acreedor o acreedores solicitantes. Concurso acreedores Suspensión pagos Sentencias Sanciones Empresas Juicios Economía Proceso judicial Justicia. No puede ser que la retribución del administrador concursal sea diferente según el lugar en que se esté tramitando el concurso. Y, por último, podrán hallar nuestros lectores la opinión de los expertos en relación con la posibilidad de la aplicación de este singular procedimiento en los casos del concurso de las microempresas, donde tan sólo una norma, -el art. Pero decir esto es casi no decir nada y tiene el inconveniente de la incertidumbre y de la dificultad de su aplicación práctica si el número de solicitudes de designación de administrador concursal se hace inmanejable lo que está por ver. Tagliavini Sansa y J. Papelería Juegos Juegos de mesa Juegos de cartas Juegos clásicos Juegos educativos Juegos experto Manualidades Puzzles Puzzles infantiles Puzzles adultos Merchandising Figuras Menaje Papelería Mr. Una, que en el mismo auto de nombramiento se fijará esa retribución. Memoria de las operaciones realizadas tras la presentación de las últimas cuentas anuales. Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores Abolida la posibilidad del archivo exprés, tampoco aclara la ley cuáles han de ser los efectos de este singular auto de declaración de concurso El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los Condena de un millón de euros por no liquidar una empresa acogida a un concurso exprés. Un juez declara responsables a los administradores La conclusión del concurso por inexistencia de bienes y el llamado concurso-express. Manuel García-Villarrubia. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil El concurso de acreedores express es una modalidad del procedimiento cuando la empresa no tiene activos cuyo valor permita seguir manteniendo la actividad o los Sinopsis de LA DECLARACION Y CONCLUSION SIMULTANEA DE CONCURSO O CONCURSO EXPRESS ; Idioma: CASTELLANO ; ISBN: ; Año de edición: ; Plaza de Concursos exprés y sorpresas
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